Agapito Iglesias volverá al banquillo.

La investigación judicial por la supuesta facturación ficticia de unas obras en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) por parte del dueño de Codesport Agapito Iglesias para cobrar 2 millones de euros) ha finalizado. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, Rafael Lasala, así lo decidió ayer, tras firmar un auto de apertura de juicio oral contra el que fuera presidente del Real Zaragoza.

El magistrado le procesa por dos delitos: estafa agravada y presentación en juicio de un documento falso. Asimismo, decide enviar a su compañera del Juzgado de Intrucción número 2 la investigación porque, a su juicio, «puede dar lugar a la reapertura» del caso Plaza Center, archivado en el 2012, y en el que el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, fue imputado por, presuntamente, manipular a los miembros del consejo de administración para facilitar un pelotazo de 14,5 millones de euros a la empresa Zaragoza Plaza Center Campus Empresarial, propiedad de Agapito Iglesias, en la compra de dos naves. En aquel entonces, los consejeros del Gobierno PSOE-PAR aseguraron que no se sintieron engañados. La denuncia la interpuso el Ejecutivo de Rudi.

IRREGULARIDADES

El juez Lasala resalta que Agapito Iglesias presentó, en un procedimiento civil por la construcción de unas parcelas (PC-1 y PC-10) una factura falsa para justificar una serie de cobros, si bien fue absuelto tras recurrir a la Audiencia de Zaragoza, Resalta que en ella se incluían conceptos tales como la limpieza de una parcela, una excavación a cielo abierto y un transporte al vertedero, entre otros conceptos. Sin embargo, recalca que hay unos informes periciales que señalan «que la parcela ya estaba limpia cuando fue entregada al empresario, que la excavación a cielo abierto ni era necesaria ni estaba estipulada en el proyecto y que no hubo traslado de sedimentos a ninguna instalación».

Considera, por tanto, que el importe del trabajo realizado no pasaba de 22.543,98 frente a los casi 2 millones de euros que, finalmente, fueron facturados. Además, asevera que la factura «no hace más que sustentar un precio de venta que no se correspondía con la realidad de lo edificado» y que se realizó «ad hoc para el litigio civil, no siendo confeccionada por el jefe de obra».

OTRA INSTRUCCIÓN

El magistrado señala que este asunto refleja «perfectamente el expolio que con total iniquidad se realizaba de los fondos públicos por parte de la empresa de Agapito con la directa colaboración del entonces gerente Ricardo García Becerril y a la vista de los consejeros de Plaza».

De hecho, Lasala afirma que «hay indicios de que los miembros del consejo de administración, no todos, o bien obraban en connivencia con los ya citados o bien lo hacían con total ineptitud para un cargo de tanta responsabilidad como el que tenían, dado que compraron a precio de mercado lo que debía ser enajenado conforme al pliego de subasta, que pagaron el IVA a pesar de que esos edificios estaban libres de impuestos y que adquirieron algo no construido cuando la opción de compra era sobre obra terminada». Pudieron pagarse 5 millones de euros de más.

A ese consejo permanecían los socialistas Carlos Escó, Javier Velasco, Alberto Larraz, Maite Verde y el aragonesista Alfredo Boné. Estaba el exconsejero popular de Economía Francisco Bono, que en aquel momento representaba a Ibercaja, y por CAI, Joaquín Torres y Fernando Herrando. Del Ayuntamiento de Zaragoza (PSOE-CHA) estaban Ricardo Cavero y Antonio Gaspar. Todos aseguraron no sentirse engañados.

Fuente: El Periódico de Aragón.