ANALISIS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SOBRE CLAUSULAS DEL SUELO

Publicado: 09 Enero de 2017

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Silvia G.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016 SOBRE LAS CLÁUSULAS SUELO

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Autor:

Maria Gabriela Boldó i Prats

La sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016 tiene por objeto resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales de Justicia nacionales al resolver las dudas interpretativas planteadas en relación a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo número 241/2013, de 9 de mayo de 2016 y la número 139/2015, de 25 de marzo, en las que limitaba los efectos de la retroactividad de las cláusulas abusivas, y su compatibilidad con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

En ambas sentencias el Tribunal Supremo consideró que las cláusulas suelo no cumplían con la transparencia material que exige el art 5 de la Directiva, al entender que la exigencia de transparencia del art 4.2 de la Directiva no se circunscribía sólo a la transparencia formal de las cláusulas contractuales sino que se hacía extensiva a la observancia de la transparencia material, al entender que la información facilitada al consumidor no fue suficiente en lo que atañía al alcance jurídico y económico del compromiso contractual puesto que el consumidor carecía de la suficiente información en cuanto a las consecuencias concretas que le supondría la aplicación de las mismas a tenor de los principios generales del derecho como la buena fe, el equilibrio y la transparencia, recogidos todos ellos en la Directiva 93/13.

De ahí que la Sentencia del Tribunal Supremo declare que si el consumidor no ha dispuesto, antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está cláusula debe considerarse abusiva y está dentro del ámbito de aplicación de la Directiva en general y, en especial, del artículo 6.1 de la misma.

El debate jurídico versa sobre si podía limitarse la retroactividad de dichas cláusulas en perjuicio de los consumidores, contraviniendo así la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y las propias disposiciones del nuestro Código Civil sobre nulidad (art 1300 y ss). La regulación de la nulidad en nuestro derecho y el espíritu de la Directiva comunitaria coinciden al disponer que las cláusula declaradas nulas no deben surtir ningún efecto y debe considerarse que nunca han existido. Pese a ello, el Tribunal Supremo, en aras a la seguridad jurídica y a los graves trastornos económicos que podría suponer declarar su retroactividad absoluta, no les reconoció el efecto de retroactividad de la declaración de nulidad, limitando la eficacia temporal a partir de la fecha de la publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013. Ante esta resolución el Tribunal de Justicia declara que la Directiva persigue la protección de los consumidores por la situación de inferioridad en la que se encuentran en relación a los profesionales, de modo que el art 6.1 de la Directiva 93/13 debe considerarse como una norma de orden público e imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas.

En coherencia con ello, el art 7 de la Directiva recoge el espíritu de la misma al imponer a los estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces para el cese de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Dicha imposición conlleva que el juez nacional deba dejar sin aplicación las cláusulas contractuales abusivas, a fin de que no produzca efectos vinculantes para el consumidor y subsanar, de ese modo, el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional. El juez nacional tiene competencia para declarar de oficio estos efectos sin esperar a que el consumidor presente una declaración en la que solicite que se anule dicha cláusula.

La consecuencia de todo lo expuesto pasa por considerar que dicha cláusula abusiva nunca ha existido, motivo por el cual deben restablecerse las situaciones de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor al no haber existido dicha cláusula, restituyendo las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor, en virtud de la cláusula abusiva.

Por todo lo expuesto, la exclusión de dicho efecto restitutorio podría poner en cuestión el efecto disuasorio del art 6 en relación al art 7 de la Directiva.

En coherencia con los argumentos jurídicos expuestos, el tribunal de Justicia concluye que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de esa fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de este tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior a 9 de mayo de 2013, de modo que protege de manera limitada a los consumidores, protección incompleta e insuficiente con o dispuesto en el art 7 .1 de la Directiva.

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Revista de Derecho vLex

Núm. 152, Enero 2017

La sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo

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