LA CLAUSULA DE LA DISCORDIA: Articulo 9 del RD 716/2009

Publicado: 01 Abril de 2011

La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra está haciendo corre ríos de tinta y comentarios para todos los gustos. Seguidores y detractores se suman a apoyar o condenar la misma quizás en un intento de lanzar un mensaje para que sea modificada la Ley Hipotecaria o por el contrario para no afectar a la salud financiera de la Banca Española.

Vamos a empezar por el principio ¿Qué cláusula fue la causante de tan grandes males para los ciudadanos?

Para responder hay que situarse a primeros de 2009 concretamente con la Ley 2/2009 de 31 de marzo sobre regulación de los prestamos hipotecarios. Hay que entender el contexto de hace 2 años. La restricción crediticia era ya un asunto de estado y tanto gobierno como la Banca española negociaban una senda de ayudas, disposiciones, concesiones y mejoras (protección al consumidor) para la circulación de prestamos en pro del "Bien común". Por un lado se pactó la firma de una mejora en los derechos a los consumidores, eso era al menos las nobles intenciones que aparecen el preámbulo que detallamos:

“El articulo 51 de la Constitución española establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles..."

Con esta Ley se deseaba garantizar la protección a los consumidores, pero dos meses después se promulga: Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero.

Y aquí comienza la pesadilla hipotecaria para muchos. Cuando los precios y tasaciones de las viviendas comienzan a bajar de manera constante desde 2008 (y sigue actualmente) se produce un blindaje encubierto a través del articulo 9, la cláusula que las entidades bancarias incluyen en los préstamos para asegurarse que pase lo que pase, el riesgo y perdida de valor del bien hipotecado no lo correrá la entidad que lo otorgue sino el infeliz hipotecado que seguirá manteniendo deudas con ellos.

Nosotros la denominamos la Cláusula de la discordia, la cual transcribimos literalmente para su lectura al detalle:

Artículo 9. Ampliación de hipoteca.

"Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, y con ello se superasen, en función del principal pendiente de amortizar, los límites a que se refiere el artículo 5.1, la entidad acreedora, previa tasación realizada por una sociedad homologada independiente, podrá exigir del deudor la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el préstamo o crédito que garantiza.

En el caso de que el deudor sea una persona física, el desmerecimiento al que se refiere el párrafo anterior deberá haberse mantenido durante el plazo de un año, a contar desde el momento en que la entidad acreedora haya hecho constar en el registro contable al que se refiere el artículo 21 el citado desmerecimiento.

El deudor, después de requerido para efectuar la ampliación, podrá optar por la devolución de la totalidad del préstamo o crédito o de la parte de éste que exceda del importe resultante de aplicar a la tasación actual el porcentaje utilizado para determinar inicialmente la cuantía del mismo.

Si dentro del plazo de dos meses desde que fuera requerido para la ampliación, el deudor no la realiza ni devuelve la parte de préstamo o crédito a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que ha optado por la devolución de la totalidad del préstamo..."

¿Era necesaria esta cesión para proteger los derechos de la Banca Española en detrimento de los ciudadanos?

Los mecanismos de protección de un ciudadano deben ser garantizados por la Constitución y su articulo 51, por tanto si miles de familias se quedan literalmente excluidas, sin vivienda, sin recursos y con deudas durante años..suponemos que deben existir garantías de acceso a viviendas para estas familias embargadas, hablamos de aproximadamente unas 100.000 viviendas por año y siguen aumentando las cifras. No olvidemos que estas familias han contribuido al crecimiento economico y bienestar con su contribución a la seguridad social y sus impuestos.

Cuando una familia deja de pagar la hipoteca la maquinaria judicial se pone en marcha, se inicia el proceso de ejecución, a veces, se informa al afectado y otras veces ni se trata de forma personal para intentar llegar a un acuerdo, se deshumaniza la situación. Para colmo las tasaciones actuales son inferiores a las de años atrás de manera que cuanto antes te embarguen menos dinero le deberás a la entidad, pues ellos pueden soportar su Stock sin vender pero el ciudadano hipotecado no puede soportar mucho tiempo en mora.

Posteriormente la deuda contraída con la entidad bancaria no queda cancelada y los embargos de cuentas bancarias y nominas precede a la perdida de su hogar… en definitiva.. un drama humano…

Nuestra última reflexión…las ONG españolas están plagadas de familias con situaciones dramáticas... las sociedad posee ahora dos tipos de ciudadanos de 1ª y 2ª categoría....El estado de bienestar está en entredicho:

Transcribimos el articulo 1 de la constitución: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político...."

Aprovechemos la mediación para apoyar acciones y propuestas que ayuden a los afectados a salir de tal coyuntura personal y financiera.

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