Perros peligrosos bajo sospecha

El debate se reaviva tras la muerte de un niño canario. La ley incluye en la lista negra a ocho especies caninas, aunque expertos aseguran que «hay que castigar los hechos, no la raza»

Es una reacción inevitable. Cada vez que salta a los titulares la muerte de una persona atacada por un perro cunde la alarma social. Ocurrió hace diez años, tras una sucesión de mordeduras feroces que desembocó en la redacción de una ley para controlar las razas potencialmente peligrosas, y ha sucedido también esta semana, tras la dentellada letal de un pitbull a un niño de tres años en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué es lo que falla para que ocurran estos dramáticos sucesos? ¿La legislación es insuficiente? ¿Son los perros correctamente adiestrados? ¿Es su carácter el que les hace convertirse en bestias agresivas? ¿O son sus dueños quienes deberían aparecer en esa lista negra por irresponsables?

«Lo primero que habría que transmitir es que estos casos representan un porcentaje muy pequeño de los perros que existen», responde Patxi San Román, de la clínica veterinaria Abere de Donostia, preocupado por la imagen «demonizada» de los canes que se traslada por la avalancha de informaciones negativas. «No hay que ignorar el problema, al contrario, pero tampoco generalizar, porque los perros buenos son muchos más que los malos», incide.

En Gipuzkoa es prácticamente imposible conocer el total de perros potencialmente peligrosos censados. Las licencias, obligatorias por ley para las razas catalogadas como tal, las otorga cada ayuntamiento. En San Sebastián, por ejemplo, se han concedido hasta la fecha 123, mientras que en Irun han sido 81 y en Eibar, 30, según los datos aportados por cada municipio. La norma exige que los ejemplares de American pitbull terrier, Staffordshire bull terrier, American Staffordshire terrier, Dogo argentino, Rottweiller, Fila argentino, Tosa Inu y Akita Inu estén correctamente identificados, así como los ejemplares que, sin pertenecer a este catálogo, arrastren un historial de agresiones o presenten características físicas parecidas.

El dueño debe conseguir el permiso municipal, un trámite que se salva sometiéndose a un test psicofísico similar al que se requiere para una licencia de armas. El solicitante tiene que ser mayor de edad y carecer de antecedentes penales. Tienen que contratar además un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños causados por el perro, al que sólo pueden sacar a la calle atado con una correa corta y con bozal. No cumplir con todos estos requisitos está castigado con multas que van de los 300 a los 15.000 euros.

Al margen del dolor por la última víctima de un ataque animal, estos días se han hecho oír voces contrarias a la actual legislación. Iñaki Goya es uno de esos críticos. Pertenece a la Asociación Internacional de Defensa Canina y sus Dueños responsables (Iadcro) y centra sus argumentos en la actitud de los propietarios de los canes. «No habría que hablar de razas peligrosas, sino de dueños peligrosos. Hay que castigar los hechos, no la raza», asiente. Para Goya «ya es hora de desmontar la gran mentira» sobre la que se sustentó la normativa. «No está pensada para proteger a la sociedad, sino por intereses económicos», asegura. Los criterios para la elaboración de la lista son diferentes en función de los países, pone como ejemplo. «En Alemania el doberman y el rottweiller no están entre las especies peligrosas». España, añade, ha dejado fuera de ese índice al dogo canario, un ejemplar de características muy similares al dogo argentino, que sí está en el listado. «¿Por qué unos sí y otros no?», lanza al aire.

Una ley «injusta»

Manuel Villar, de EtolCanin, un grupo de trabajo acreditado para el estudio y la modificación de la conducta de los canes, está acostumbrado a tratar con los ejemplares tachados como potencialmente peligrosos y, como Iñaki Goya, reclama eliminar esa etiqueta porque «cualquier perro de cualquier raza puede tener una agresividad fuera de lo normal». Los problemas pueden deberse a dos causas, añade. «Hay ejemplares que pueden tener una tara patológica y otros que, simplemente, no han sido educados por su propietario», lo que puede derivar en comportamientos peligrosos.

Profesionales como Villar se encargan de corregir esas conductas. Aconseja a cualquier propietario de perro que participe en cursillos con técnicas básicas para educar a un can. «Uno de los mayores errores es el de humanizar al animal. Muchísima gente se compra el perro que le gusta, pero no el que le hace falta y mete, por ejemplo, a un boxer en un apartamento de treinta metros cuadrados. Claro, luego llegan los problemas».

Patxi San Román, de la clínica Abere de Donostia, cree igualmente que se está siendo «muy injusto» con ciertas razas de perro. «Yo lo veo a menudo en mi consulta. Hay animales que por ley tienen que llevar bozal cuando son inofensivos y otros que son auténticas fieras, no. La ley no está bien fundamentada, no debería centrarse en razas, sino en los canes peligrosos», con los que hay que actuar «de forma inflexible». «No hay que descuidar ningún comportamiento. Un perro antes de atacar avisa, y no sólo ese día, sino en jornadas anteriores», asegura. Por eso aconseja que, ante cualquier duda, se consulte con un profesional para detectar el problema cuanto antes.

José Manuel Etxaniz, director de Sanidad del Ayuntamiento de San Sebastián, defendía hasta hace poco la misma teoría que Goya, Villar y San Román. Pero ahora cree firmemente «que sí hay razas genéticamente peligrosas», por lo que considera conveniente establecer todos los mecanismos de control, como los recogidos en la ley vigente, para no tener que lamentar hechos tan trágicos como los de esta semana.